En Uruguay todo el año es Carnaval: "Sigue el corso, a pesar de la significación histórica y moral; habría que preguntarse si sigue actual; iFestejen, uruguayos, Festejen!

Carnaval Político

"Todo el año es carnaval"
"El mago Carnaval suena en las calles,
ruidosos cascabeles de ironía,....
...Todo el año es Carnaval,

cada ser un Arlequín..."
Tango
Julio Decaro, música
Dante A. Linyera, letra

Oposición exige que Mujica vete anulación de Caducidad
La renuncia a su banca del senador Eleuterio Fernández Huidobro se suma la posibilidad que el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, abandone su cartera
Además, el presidente José Mujica admitió al diario El País de Madrid que es presionado para vetar la anulación —aunque dijo que no lo hará— y que este debate afecta la unidad nacional
"Si fuera coherente con lo que dijo de respetar los pronunciamientos populares, que es una etapa de mirar hacia adelante y no con los ojos en la nuca, debería vetarla", puntualizó a EL PAÍS digital el senador nacionalista Carlos Moreira.

"Está haciendo un doble juego. Quiere estar bien con todos, cosa que no va a lograr. Me parece que no da la talla para ser presidente", fustigó el legislador blanco Francisco Gallinal.
Para Moreira cuando el presidente dice una cosa y luego no cumple, se afecta el relacionamiento entre las colectividades políticas. Su colega dijo que no sabe "en qué cree Mujica porque las opiniones de los presidentes se traducen en decisiones".
Gallinal opinó que si el mandatario advierte que "pueden venir tiempos difíciles, que habrá presión sobre la sociedad, sobre el Poder Judicial, que se generarán expectativas que no se van a cumplir, que al país le puede esperar nuevos dolores de cabeza, si quiere demostrar que calza los puntos para ser presidente, que la vete", afirmó.
Moreira dijo que la coherencia "no ha sido signo de este gobierno" y no se mostró sorprendido por la posición que adoptó Mujica. Agregó que hasta ahora el Frente Amplio se mostró como un grupo homogéneo, pero que esta discusión "reveló fisuras internas".
Para Gallinal, Mujica tendría que tener "la entereza moral y ética" de vetar la ley, más tomando en cuenta que "estuvo de ambos lados del mostrador" ya que fue "calificado tupamaro y terrorista y fue víctima de la dictadura".
Además consideró que de hacerlo se evitaría la renuncia de Huidobro, una eventual renuncia de Rosadilla y al país "más dolores de cabeza".
Moreira afirmó que si Mujica considera que la sociedad está harta del tema, eso sería suficiente para vetar la anulación.
Por su parte, el senador colorado y secretario del Comité Ejecutivo Nacional de esa fuerza política, Ope Pasquet, afirmó a EL PAÍS digital que "el deber de Mujica es vetar el proyecto" interpretativo aprobado por el Senado la semana pasada.
"Es evidente que el proyecto es inconstitucional; el Frente Amplio no pudo conseguir a nadie que ponga la cara para decir que el proyecto se ajusta a la Constitución", sostuvo. "¿Qué más necesita el presidente para vetar el proyecto de ley?", se preguntó Pasquet.
Según dijo Mujica a El País de Madrid, el Parlamento "es la cosa más representativa que tiene un país y por eso el Ejecutivo no debe enmendarle la plana".
Para el senador colorado, la justificación de Mujica para no vetar la iniciativa "no tiene ninguna consistencia en este caso porque el cuerpo electoral se pronunció dos veces a favor de la Ley de Caducidad". En ese sentido, enfatizó: "No veo ninguna razón sólida para que el presidente deje de cumplir su deber".
MINISTRO . Respecto a una posible renuncia de Rosadilla a su cargo por este tema, Moreira dijo que prefiere no hablar de "eventualidades" aunque ha escuchado "tantas contradicciones" que ya no le parece serio.
Gallinal, por su parte, dijo que el ministro debería renunciar si Mujica no veta la anulación. No solo por ser parte del Poder Ejecutivo sino por, al igual que el mandatario, haber estado "de ambos lados del mostrador" durante la dictadura.
Entendió que su alejamiento del cargo sería más eficaz si lo hiciera "en función de lo que decida el presidente".
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UNA VICTORIA CON SABOR AMARGO

El encuadre.

La ley interpretativa sobre la Caducidad destapó un duro conflicto en el Frente y devolvió el tema militar al centro del debate político.
Por Martín Aguirre

Si algo dejó en claro el debate parlamentario sobre la pretendida anulación de los efectos de la ley de Caducidad es que, casi 40 años después del golpe de Estado, las heridas, conflictos, y sobre todo los fanatismos que engendraron ese oscuro proceso, siguen vivos en la sociedad uruguaya. Particularmente llamativo ha sido el impacto que la polémica ha tenido en diarios, TV y redes sociales. Una muestra de que ya sea por la deficiencia de las soluciones aplicadas, la especulación política, o hasta el peso que el episodio tiene en una generación que sigue manejando la política nacional, esos hechos seguirán marcando el debate por buen tiempo más.
La votación parlamentaria dejó ganadores y perdedores. Aunque una lectura atenta permite observar que, por encima de los resultados, los efectos políticos del hecho pueden determinar cambios importantes a la hora del balance final.

El primer ganador parecería ser el Frente Amplio. Tras meses de discusión interna, logró lo que tanto había buscado: dar sanción a una norma que intenta borrar los efectos de un proceso de amnistía contra el cual ha combatido desde hace 20 años. Y dentro de la estructura frentista se destaca la victoria de sectores como el Partido Comunista, el PVP, o el Nuevo Espacio, que si bien no tienen grandes votaciones en tiempos electorales, siguen manejando los hilos de la compleja interna oficialista. Pero esa lectura puede llevar a errores. La votación contraria de un senador que cobró vuelo en este debate como Jorge Saravia y la renuncia al Senado de Fernández Huidobro, a quien la senadora Topolansky calificó como la "primera espada" del oficialismo en el Parlamento, representan un duro golpe para el Frente. El cual se ve agravado por la contundencia de sus argumentos al condenar la ley aprobada. Si, como la abrumadora mayoría de los expertos sostiene, la ley no supera el contralor constitucional de la Suprema Corte, la victoria de hoy puede convertirse en una derrota trascendente a futuro, que impulse cambios radicales en la interna frentista.

Un punto interesante es el que plantea la situación de los grupos "moderados" en el oficialismo. El expresivo silencio del vicepresidente Astori, la ausencia de Nin Novoa, y hasta la ambigüedad del expresidente Vázquez en la materia, dan la sensación de que estos grupos apoyaron el debate sin mucho entusiasmo. Más que nada por un temor a las consecuencias de oponerse a un tema tan sensible a las bases frentistas, que por convencimiento genuino de estar en el camino correcto. A esto hay que sumar que la actitud del Presidente Mujica, manifestando que "estoy preocupado por esta situación que tensiona todo" tampoco lo muestra muy feliz por el hecho.

Si la ley no logra cumplir sus objetivos, o si acarrea un impacto negativo para el Frente en materia de apoyo electoral, parece claro que hay muchos dispuestos a pasar factura a los grupos que forzaron la situación actual. Y que desde hace tiempo resisten un proceso de cambio estructural en la coalición oficialista, que permita que su funcionamiento tenga más relación con el peso electoral real de cada sector.
En el otro extremo del abanico, la oposición de colorados y blancos habría salido perdiendo, ya que la "solución" legal que encontraron en conjunto, en momentos históricos en que eran mayoría, parece haber sido finalmente condenada. Pero aquí, tampoco las cosas son tan claras como parecen.

Si bien no hay datos estadísticos recientes sobre la reacción popular a este tema, los resultados de los plebiscitos y hasta las diferencias en el propio Frente, dan la sensación de que esta votación puede generar molestia en un sector importante del espectro electoral. Más allá de los argumentos de los dirigentes que impulsaron el proyecto, la realidad es que se ha ido en contra de dos pronunciamientos populares y se ha puesto en jaque un instrumento, la democracia directa, que ha sido siempre muy valorado por la ciudadanía, y particularmente por los votantes del Frente Amplio. Esta situación, agravada por los choques públicos entre dirigentes frentistas, confirma que el gobierno está atravesando una crisis interna inédita.

Además, este episodio se desató en momentos en que el gobierno se encuentra ya aquejado por otro dilema serio: la campaña impulsada por el Partido Colorado y algunos dirigentes blancos para bajar la edad de imputabilidad. Campaña que según encuestas concita el apoyo de un gran número de adherentes frentistas.
Esta situación habilita plantearse algunas preguntas cuyas respuestas pueden ser determinantes para hacerse una idea del futuro cercano de la segunda administración frentista: ¿logrará esta ley ser efectiva para abrir una ola de reclamos por hechos ocurridos en la dictadura? ¿Generará esta situación un conflicto serio con el estamento militar? ¿Cuál será la consecuencia en la interna frentista en caso de que fracase este enésimo intento por acabar con la ley de Caducidad? Y por encima de todo esto ¿cómo reaccionará el electorado ante una decisión que desconoce un doble pronunciamiento popular sobre el tema y que puede volver a sumir al país en la interminable discusión sobre los hechos de hace 40 años?
El personaje.
El senador Fernández Huidobro sorprendió a propios y extraños con su renuncia al Parlamento y con sus severas críticas al proyecto de ley.
La frase.
"La verdad que estoy preocupado por esta situación que, aunque previsible, tensiona todo". (Presidente José Mujica).
El País Digital